Al igual que en el Organismo Judicial (OJ), señaló Alarcón, en el ente investigador se debe impulsar la Carrera Fiscal mediante la cual se garantice la profesionalización del personal y la selección pública, transparente y por oposición de los fiscales.

En esta se debe aplicar además un sistema objetivo de evaluación del desempeño y comportamiento del personal, donde su capacidad sea medida con base en meritos y sirva para ir escalando en cada uno de los niveles de la carrera.

Los fiscales deberán contar también con una constante capacitación y estabilidad laboral para no ser despedidos o trasladados sin justificación entre las distintas fiscalías; en caso de no aplicarse estos principios la Carrera Profesional no respondería a un debido proceso, sino a los intereses personales de quien ostente la jefatura del MP, añadió.

El experto enfatizó que la implementación de la Carrea Judicial y la Carrera Fiscal no es suficiente para combatir la corrupción, pues deben dotarse a las instituciones de recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos para realizar su trabajo.

Asimismo, afirmó que es vital que la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI) y el MP tengan una mejor coordinación y no dupliquen esfuerzos y trabajo.

Alarcón resaltó que mientras estos organismos no efectúen de manera efectiva las pesquisas, no podrán obtenerse resultados positivos; cuando no se tienen la capacidad, los métodos y recursos para hacer una adecuada investigación el proceso penal no podrá sustentarse ante un tribunal, pues no se puede lograr una condena en base a presunción, sino en base a pruebas concretas, agregó el experto.

El analista apostó también por la especialización de los jueces y fiscales en temas de actividades delictivas como extorsión, secuestros, delitos contra la mujer, entre otros, porque la criminalidad se han vuelto tan compleja que en ocasiones aunque exista una investigación puede que ésta no se maneje adecuadamente por falta de conocimiento.

En relación a la Política Criminal, el experto aseguró que todas las instituciones del Estado deben participar y aportar en la reducción de la criminalidad, la cual debe privilegiarse sobre los métodos de castigo a la delincuencia.

En su criterio, normas como la antimaras, la reducción de la edad para juzgar a niños y adolescentes en conflictos con la ley penal, entre otras, no han dado hasta el momento ningún resultado positivo, por lo cual debe existir un cambio de visión y de política en la cual se prioricen los programas de prevención del delito.

Alarcón afirmó que el OJ debe tomar en cuenta los métodos de resolución de conflictos como la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación, los cuales pueden ayudar a descongestionar el sistema de justicia, el cual se encuentra colapsado por la carga de trabajo.

Esto representaría una forma rápida para que la ciudadanía pueda tener acceso a la justicia de manera rápida y gratuita, agregó, y evitaría que asuntos civiles como laborales o familiares puedan derivar en un delito penal

En el tema de las modificaciones a la legislación, Alarcón dijo que se debe revisar el Código Penal, que data de 1973, pues existen elementos en su parte general y especial que no responden a las necesidades actuales y aunque ya se han realizado reformas, persisten problemas que deben ser solucionados.

CICIG y OACNUDH apuestan por la creación de la Carrera Judicial.

La pasada semana la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentaron su propuesta para la reforma a la Carrera Judicial, con la cual buscan independencia e imparcialidad por parte de los jueces y magistrados.

En la iniciativa se contempla la creación del Consejo de la Carrera Judicial, la cual estaría integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un magistrado de Corte de Apelaciones, un juez de primera instancia y uno de paz, un experto en administración pública, uno en recursos humanos y uno en andragogía; éstos tres últimos serían electos por los jueces y magistrados.

Con la conformación del Consejo, se pretende que a los togados se les clasifique profesionalmente de acuerdo a sus méritos, rendimiento, trayectoria y antigüedad, y se garantice su independencia.

Se busca asegurar también un rendimiento satisfactorio en el ejercicio de la función de los operadores de justicia; que actúen con transparencia, integridad, responsabilidad y profesionalidad; y que denuncien cualquier acto que ponga en riesgo la independencia judicial.

Asimismo, se plantea la creación de un órgano técnico especializado que evalúe a jueces y magistrados, sin embargo los encargados de realizar las pruebas no serán miembros del sistema de justicia, como sucede en la actualidad.

Un análisis realizado por ASÍES señala que del 2010 al 2014 se evaluó a un total de 715 jueces de paz y de primera instancia, de los cuales el 95 por ciento obtuvieron resultados positivos, sin embargo las pruebas fueron realizadas por operadores de justicia y no por personal técnico, con lo cual no existe objetividad.

Los resultados de las evaluaciones servirán como criterio para la continuidad y ascensos, el diagnostico de necesidades de formación y como mecanismo de exclusión de la Carrera Judicial.

Se podrá ingresar a la Carrera Profesional, señala la iniciativa, mediante el nombramiento de la CSJ para los jueces de paz y mediante la elección del Congreso de la República para el caso de los magistrados.

Las reformas están orientadas al fortalecimiento de la independencia e imparcialidad mediante procesos transparentes, públicos y objetivos para la selección por méritos de idoneidad, capacidad y honradez, señalaron laCICIG y OACNUDH.

MP busca fortalecer figura del Fiscal General

Por su parte el MP en conjunto con la CICIG hicieron públicas una serie de propuestas encaminadas a fortalecer al órgano de investigación y particularmente a la figura del Fiscal General.

Con estas se busca blindar al titular del organismo, quien podrá ser removido del puesto únicamente en caso de una sentencia condenatoria por caso de delito doloso; asimismo, se busca suprimir el Consejo del MP de la estructura orgánica.

Al igual que con el OJ, se pretende implementar la Carrera Fiscal con la cual se busca regular el ingreso y ascenso del personal, su formación y evaluación; en esto último se busca también crear un catalogo de faltas y sanciones acordes a la gravedad de la conducta.
Fin Cerigua
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