ASIES pide permanencia de CICIG y reforma al sector justicia

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La Asociación de Investigación  y Estudios Sociales (ASIES) a la opinión pública hace saber: 

• Que estima la urgencia de reformar la Constitución Política de la República, específicamente en lo referido al sistema nacional de justicia. En este sentido, en conjunto con la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar, elaboró y entregó al Congreso de la República una propuesta de reformas, orientadas a fortalecer y garantizar la independencia ética y profesional del Organismo Judicial y el Estado democrático de Derecho.
• ASIES manifiesta su preocupación por el deterioro del proceso de Comisiones de Postulación, el cual dificulta su óptimo funcionamiento en términos de garantizar plenamente la idoneidad, independencia e imparcialidad de los funcionarios electos para integrar las más altas Cortes del país.
• Adicionalmente, ASIES considera conveniente extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, un año más, de manera que sea el próximo gobierno el que expresará su voluntad política sobre la pertinencia de su permanencia en el país, la focalización temática de los objetivos de su mandato, su horizonte temporal y los resultados esperados.
• De igual manera, ASIES estima que congruente con lo anterior, es importante la permanencia del actual Comisionado Iván Velásquez, quien tendría la responsabilidad de demarcar sus acciones conforme a lo establecido en el artículo 2, literales a, b y ce del acuerdo de creación de la CICIG, suscrito entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala:

• • a) Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos -CIACS-, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado, y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala, de conformidad con los objetivos del presente Acuerdo;
  • b) Colaborar con el Estado en la desarticulación de los CIACS y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
  • c) Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los CIACS y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para ese fin.
• Es indudable que, con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz, habiendo concluido el conflicto armando interno, estos cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, que fueron creados en su origen como instrumentos fundamentalmente represivos, implementados para la guerra irregular interna, han ido transformándose, mimetizándose y adaptándose a las circunstancias actuales, convirtiéndose en maquinarias muy sofisticadas al servicio de estructuras de crimen organizado, que debilitan al Estado al alimentar la corrupción a todo nivel y aprovechándose de las instituciones públicas y de sus fondos para generar inmensas ganancias con toda impunidad.
• Es bajo este nuevo “modus operandi”, que se justifica plenamente una prórroga del mandato de la CICIG para abordar hechos flagrantes de corrupción con recursos públicos y privados que alcanzan a contaminar las estructuras públicas, desde sus plataformas de cultivada impunidad, que atentan contra el bienestar, la justicia y la seguridad de la población.
• Finalmente, y en relación a la función contenida en la literal c) del mandato antes referido, la CICIG está llamada a desempeñar un rol protagónico en el proceso de diseño de la Política contra el Crimen, la cual incluye medidas concretas para fortalecer los cuatro pilares de la justicia penal en el país: Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública Penal y el Sistema Penitenciario. Para cumplir con tales propósitos es indispensable que el Comisionado cuente con un equipo de profesionales altamente calificado y con experiencia en las distintas áreas de atención.

Guatemala, 20 de enero de 2015