El abogado laboralista Óscar Rivas Sánchez elaboró el estudio Lineamientos para la negociación colectiva en el sector público, a petición de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes)

Entre ellos, mencionó que es común que en tales documentos se confunda quién es el empleador, que es el Estado, y no los ministerios u otras entidades, y quien ejerce la representación es el Procurador General de la Nación, quien no la ha delegado en esos funcionarios.

Agregó que en todos los casos existe un evidente conflicto de interés de los que negocian en representación del empleador, pues los beneficios que otorga este tipo de documentos, los reciben directamente.

Rivas añadió que en todos los pactos se comprometen recursos públicos sin sustento legal ni presupuestario, violando el artículo 240 de la Constitución, el cual ordena que antes de programar o comprometer gastos del Estado se debe indicar la fuente de financiamiento.

El abogado analizó algunos pactos en los cuales se presentan aspectos muy especiales. Citó que en el Ministerio de Salud hasta se limita la posibilidad de contratación de empresas que puedan prestar servicios específicos al ministerio, se establecen, entre otros, “un bono por antigüedad real”, un “incentivo por trabajo decente”.

En la cartera de Educación, “en el artículo 46 se extienden las prestaciones en salud a los familiares del trabajador, sin mencionar a qué familiares se refiere”.

En la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuyos beneficios los recibe desde el propio director hasta el empleado más bajo en el escalafón, reconoce como días de asueto el 26 de abril, Día de la Secretaria; el 17 de junio, Día del Padre; el 17 de julio, día de aniversario de STAC (uno de los sindicatos); el 4 de agosto, aniversario de USTAC (otro sindicato); 11 de septiembre, día de la Aviación Civil; y el día del cumpleaños del trabajador. Adicionalmente si algún trabajador (en esto también incluye al director) participa en una beca en el extranjero se debe pagar el boleto aéreo para él “y, de ser posible, para su esposa o conviviente”, así como los viáticos correspondientes.

Otras opiniones
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El abogado y dirigente sindical David Morales al comentar el estudio refutó que no ha escuchado que algún funcionario haya sido obligado a firmar un pacto colectivo, pero sí quienes han salido en medios de comunicación descalificando el pacto que él mismo ha firmado.
Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico y Social (CES), expresó que este tema es de gran preocupación que está evidenciando una creciente confrontación en la sociedad, la cual viene gestándose desde hace algunos meses. Agregó que en el país no hay una carrera administrativa que asegure el empleo, los ascensos y los aumentos salariales.