La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) presentó ayer el estudio Lineamientos para la negociación colectiva en el sector público

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) presentó ayer el estudio Lineamientos para la negociación colectiva en el sector público, en el cual recomendó la creación de una normativa de ley para fijar las reglas mínimas en cuanto a los alcances de los pactos colectivos.

“Esta es la solución más conveniente, pues abarcaría a las plantas centrales de los tres organismos del Estado, entidades autónomas descentralizadas y municipalidades ya que evitaría que los beneficios para funcionarios de algunas dependencias fuera superior a los que recibe la mayoría de los trabajadores del sector público”, explicó Óscar Rivas Sánchez, analista de Asíes.

David Morales, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala, discrepó con la propuesta y dijo que lo que se necesita es generar un espacio de mayor diálogo social, pues se han satanizado los pactos cuando las decisiones son resultado de una correlación de fuerzas entre los sindicatos y las autoridades.

Preocupación

En ese sentido, Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social, manifestó que su principal preocupación en este tema es la tendencia de enfrentamiento entre ambos actores en el contexto de la crisis política que afrontó el país, lo cual podría ocasionar que se rompan los puentes para llevar a consensos.

Rivas Sánchez también comparte este sentimiento, pero en el aspecto financiero, pues dijo que cada día los abusos son mayores y sobrepasan la capacidad del Estado para otorgar los beneficios económicos.

“Por ejemplo, en algunos casos crean bonos compensatorios, vacacionales, navideños y hasta de aniversario y las vacaciones pueden llegar hasta 30 días hábiles”, manifestó el experto.

En detalle

La propuesta plantea conformar comisiones negociadoras, que los pactos abarquen a todos los trabajadores de la institución y que el Estado únicamente reconozca gastos previamente presupuestados. También aconseja la adopción de una política de negociación colectiva.