POR VIRGINIA CONTRERAS
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Luego del 16 de abril, fecha en la que se desarticuló la red de contrabando y defraudación aduanera denominada “La Línea”, en la que se vieron involucrados altos funcionarios de Gobierno y empresarios, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) continuaron con las investigaciones que han puesto en evidencia la corrupción que impera dentro de las entidades estatales. Analistas consideran que aún hay mucho trabajo pendiente contra la corrupción y las pesquisas no deben cesar.

En una coordinación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP y la CICIG, el pasado 16 de abril se logró desmantelar una estructura de corrupción en el sistema aduanero, la cual marcó un parteaguas en la historia del país y el despertar ciudadano ante este flagelo.

Las investigaciones dan cuenta que desde mayo de 2014, se tenía la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago de impuestos, pero que dejaban importantes ganancias a “La Línea”.

Para ello, la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “La Línea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las escuchas telefónicas, se estableció que parte de la estructura estaba integrada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, y decenas de funcionarios y particulares.

Tras este suceso, otras investigaciones en entidades estatales continuarían, como los casos de plazas fantasma en el Congreso y sobrevaloraciones en la PNC, pero en el ámbito ciudadano se despertó una ola de indignación contra la corrupción, que según analistas, todavía se debe combatir, dado que ante mayor sofisticación del negocio menos conciencia social existe.

MÁS INVESTIGACIONES

Las oficinas de recursos humanos del Congreso fueron allanadas el pasado julio por la Fiscalía Especial del MP, con el objetivo de asegurar todos los contratos administrativos del Legislativo. Esto se suscitó luego de que el Juzgado Undécimo de Instancia Penal del Organismo Judicial (OJ) acusara al diputado Pedro Muadi, por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.

Muadi, quien fue presidente del Congreso, fue señalado de sustraer Q630 mil a través de la supuesta contratación de 15 guardias de seguridad para trabajar en ese organismo.

A esta le seguirían las realizadas en la subdirección de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde varios empleados de esa dependencia se vieron involucrados por el desvío de Q52 millones, los cuales serían destinados al remozamiento de comisarías, reparación de automóviles y compra de gasolina.

Las investigaciones detallan que los señalados sobrevaloraron los servicios y los productos que se necesitaban y utilizaron empresas fantasma para desviar los recursos, que posteriormente Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC)fueron trasladados a cuentas propias y de familiares en el exterior.

EXTENDER CONTROLES

Analistas y expertos reconocen el trabajo sin precedentes realizado por la CICIG y el MP, pero también saben que los retos en la lucha contra la corrupción que se tienen por delante son muy amplios.

A criterio de Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG) se debería tener control sobre todos los ministerios y entidades estatales, ya que tienen la posibilidad de realizar compras y de generar contrataciones ad hoc, lo que también debería pasar por verificar el origen de las empresas que ganan esas licitaciones dentro de los propios ministerios y dependencias del Estado.

“Se ha evidenciado que algunas de las empresas que posiblemente estén vinculadas con la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina, también recibieron contratos de parte de determinadas instituciones de Estado y esto, tendrá que ser verificado”, expresó.

El analista insistió en que es necesario profundizar en los ministerios más grandes, como lo son Gobernación, Educación y Salud, ya que indicó, continúan operando a través de las ONG, determinadas funciones que les competen a las distintas carteras.

Sotomayor enfatizó en que es preciso investigar a todos los fideicomisos, pues manifiesta “es una figura eminentemente utilizada para corromper funcionarios” y por ello, se tienen que fortalecer los controles en todos los ministerios, secretarias y municipalidades que tengan fideicomisos abiertos.

DENUNCIAS NO ESCUCHADAS

Para Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), entre las entidades que sería necesario realizar pesquisas está la Contraloría General de Cuentas (CGC), puesto que indicó, la corrupción se genera por parte de los contralores, quienes se dejan sobornar especialmente por los alcaldes.

Con referencia a lo anterior, en mayo, la Cámara de Comercio de Quetzaltenango accionó penalmente contra la excontralora Nora Segura, por no investigar las denuncias sobre actos de corrupción que aparentemente estaban sucediendo en la municipalidad de ese lugar.

El analista coincidió de igual manera con Sotomayor, en el sentido de investigar los ministerios de Gobernación y Salud, pero añadió a los de Comunicaciones y Desarrollo Social, por los montos que manejan a base de contratos y suministros.

INSTITUCIONES CONTAMINADAS

Mariano González, analista del área socio política del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) destacó que el problema de la corrupción está tan extendido que, considera, puede afectar a todas las instituciones estatales, tal es el caso del Ministerio de Comunicaciones, en donde se ha visto que una buena cantidad de obras en el interior del país, o no llegan a completarse o se sobrevaloran.

González mencionó como ejemplo el mal estado de las carreteras, que se agravan con el invierno. En tal sentido, señaló que el negocio de los funcionarios es hacer los trabajos con materiales de mala calidad para que cada cierto tiempo se tenga que volver a realizar el mismo.

“Todos los años cuando caen las lluvias hay nuevos baches. Lo contrario sucedería si el trabajo estuviera bien hecho, pero el negocio está allí, lo que evidencia que una buena cantidad de obras que se realizan en el mismo, o son malas o están sobrevaloradas”, explicó.

Asimismo, destacó que en el fondo al Estado se le ve como el mejor comprador, dado que compra lo que se le vende al precio más alto y al final de cuentas es una forma de pagar favores en tiempos de campaña.

Este ministerio también resonó con el Caso Petrobras, cuyas redes de corrupción siguen sin ser investigadas por el MP. La fiscal general Thelma Aldana indicó que el ente investigador no ha iniciado las indagaciones debido a que la fiscalía brasileña no ha enviado la información requerida hace casi ocho meses, sobre la posible vinculación de guatemaltecos en el caso.

Los antecedentes del caso señalan que en diciembre pasado, el diario brasileño, Valor Económico, publicó un artículo sobre una documentación encontrada en la oficina del presidente de la empresa constructora OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, según la cual, la empresa habría entregado un millón de dólares en 20 cuotas al publicista español, Antonio Solá, director de campaña del actual presidente, Otto Pérez Molina.

De acuerdo con la investigación, el dinero habría estado dirigido para la campaña presidencial 2015, en la cual Alejandro Sinibaldi era el candidato oficialista.

Otro aspecto es la compra de medicamentos por el Estado, que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones, y que incluso ya generó el inicio de pesquisas. La Unidad de Delitos Electorales y la Agencia Especial para la Investigación del Financiamiento Ilícito de Partidos Políticos del Ministerio Público (MP) iniciaron una investigación contra el empresario Gustavo Alejos –quien fue socio de una de las principales proveedoras de medicamentos para el Estado– y medios de comunicación, por su presunta implicación en el financiamiento ilícito de partidos políticos.

El fiscal Óscar Schaad explicó que las dos unidades abrieron seis expedientes de investigación, entre ellos el de Alejos, después de que el 16 de julio la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentara un informe sobre el financiamiento privado de las agrupaciones políticas, que evidencia la relación del dinero ilícito en la política guatemalteca.

El caso de Gustavo Alejos, según la CICIG, es emblemático, porque cuando fue nombrado secretario privado de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres (2008-2012), desde su puesto logró una importante influencia política que lo llevó a convertirse en un facilitador de negocios propios y ajenos, reveló el informe.

MUNICIPALIDADES Y PORTUARIAS

A decir de Luis Linares, la mayoría de las 338 municipalidades están envueltas en actos corruptos y, por lo tanto, también deberían ser inspeccionadas, con la finalidad de sentar precedentes. Sin embargo, refirió que existen distintas limitantes para llevar a cabo un proceso en contra de quienes las lideran.

“El problema con los alcaldes es que tienen derecho de antejuicio, entonces, cada caso debe estar muy fundamentado, tanto en la parte de presentación de denuncias como en la parte del proceso”, expresó.

Según datos de Acción Ciudadana, en el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), de un 36 por ciento de las denuncias son contra hechos supuestamente registrados en el Organismo Ejecutivo y un 34 por ciento en las municipalidades, provenientes de Guatemala, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos y Quetzaltenango.

De acuerdo con la CGC, las comunas con mayor asignación presupuestaria son la de Guatemala, con Q84 millones, la de Mixco con Q39 millones, Villa Nueva con Q39 millones y Quetzaltenango con Q27 millones.

En tanto, Sotomayor resaltó que existen determinadas áreas portuarias concesionadas bajo la administración privada, las cuales tienen el flujo de furgones que entran y salen del país, por lo que añadió, surge la interrogante de saber qué medio fue el que utilizó “La Línea” para poder operar.

Recientemente la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Eugenia Villagrán, declaró la nulidad del contrato de usufructo suscrito por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal y la compañía española Terminal de Contenedores Quetzal -subsidiaria de Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB)-, luego de una revisión de la Contraloría, en donde se constató entre otras irregularidades, que dicho contrato generaría condiciones de monopolio en la actividad portuaria a favor de la empresa filial de TCB.

Según el analista, este asunto tendría que profundizarse, lo que devendría en implicaciones dado a que se han evidenciado inconsistencias en las operaciones de los puertos a lo largo de los años. Además, porque los últimos interventores de los puertos fueron nombrados por el expresidente Pérez Molina.

El entrevistado explicó que estas acciones deben ser responsabilidad de la CGC, así como establecer controles de transparencia.

“A la CGC es a la que le compete realizar la función de implementar controles, así como privilegiar los controles de transparencia dentro del ejercicio de la función pública. En tal sentido, se debe perfeccionar el tema de gobierno abierto y capacitar a los ciudadanos para que fiscalicen las instituciones y especialmente a los funcionarios, tanto de alto nivel como intermedios, por donde pasan los actos de corrupción dentro de las instituciones del Estado”, acotó.

“Se ha evidenciado que algunas de las empresas que posiblemente estén vinculadas con la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina, también recibieron contratos de parte de determinadas instituciones del Estado y esto, tendrá que ser verificado”.
Gerson Sotomayor
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala

“Todos los años cuando caen las lluvias hay nuevos baches. Lo contrario sucedería si el trabajo estuviera bien hecho, pero el negocio está allí, lo que evidencia que una buena cantidad de obras que se realizan en el mismo, o son malas o están sobrevaloradas”.
Mariano González
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos

“El problema con los alcaldes es que tienen derecho de antejuicio, entonces, cada caso debe estar muy fundamentado, tanto en la parte de presentación de denuncias como en la parte del proceso”.
Luis Linares
Asies