La crisis política actual ha supuesto una crítica generalizada al desempeño de distintas instituciones y actores políticos. Mientras que en la mayoría de casos dicha crítica está plenamente justificada, en algunos ésta es inapropiada, e incluso podría ser contraproducente. Al Tribunal Supremo Electoral se le ha criticado por ser -supuestamente- muy laxo y débil en las sanciones a los partidos que incumplen las normas de financiamiento partidario, particularmente con el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER). En esta crítica, pareciera que los ciudadanos hemos olvidado el salto cualitativo que ha supuesto el desempeño de este Tribunal, cuyos magistrados asumieron sus cargos a inicios de 2014, con respecto al que rigió el anterior proceso electoral.

Durante el proceso de 2011, al menos tres opciones políticas -Partido Patriota (PP), la coalición UNE-GANA, y LIDER- sobrepasaron el techo de gastos de campaña política. Además, los tres partidos en cuestión iniciaron sus actividades propagandísticas antes de la convocatoria a elecciones, incumpliendo lo que establece el reglamento de la LEPP. Dichos partidos no fueron sancionados de tal manera que se les impidiera continuar infringiendo la normativa, y los magistrados del TSE fueron eximidos de responsabilidad al reconocerse que la actual legislación limita grandemente la capacidad sancionatoria de la máxima autoridad electoral.

Dicha normativa es exactamente la misma que rige actualmente. Sin embargo, previo al inicio del proceso electoral, los actuales magistrados lograron modificar sustancialmente la conducta de los partidos políticos mediante una suspensión generalizada para aquellos que realizaron propaganda antes de la convocatoria. Los partidos políticos recibieron el mensaje y empezaron a llevar a cabo sus actividades dentro del concepto de proselitismo establecido en el reglamento y permitido en todo momento. Por supuesto, no suspendieron en su totalidad las actividades, pero se ciñeron a la letra de la ley, algo que no había ocurrido hasta ese momento. El único partido reincidente fue el entonces poderoso Partido Patriota; el Tribunal no se limitó a suspenderlo, sino que retiró la secretaría general del partido a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, un hecho sin precedentes en la historia democrática de Guatemala.

Esta muestra de fortaleza del Tribunal Supremo Electoral determinó que en este proceso electoral la propaganda electoral fuera manejada con mayor cuidado por los partidos políticos. Es evidente la disminución de la presencia propagandística de los partidos este año con respecto a procesos electorales anteriores. A dos semanas de la primera vuelta de elecciones, únicamente un partido ha superado el techo de gastos de campaña, y su propaganda en medios de comunicación ha sido suspendida de hecho y de derecho por el TSE. Es cierto que el mismo continúa promocionándose a través de mítines y reuniones, pero la actual legislación -la misma de hace al menos 8 años- no permite al TSE fiscalizar adecuadamente dichas actividades.

La actual magistratura del TSE, al igual que las anteriores, cuenta con recursos legales y humanos sumamente limitados para desempeñarse como una autoridad electoral efectiva. No obstante, ha hecho mucho con lo poco que tiene. La creatividad y valentía con la que los magistrados han abordado su labor es digna de reconocimiento por la sociedad, especialmente en momentos en los que se exige una democracia efectiva y real.