El reciente incremento en el precio del gas propano volvió a evidenciar, una vez más, que los consumidores guatemaltecos no tienen una institución fuerte que les proteja ante las prácticas anticompetitivas.

Por ello, analistas consideran que debe generarse competencia, principalmente en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), para mejorar los precios de los productos y beneficiar al consumidor final.

El consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Mariano Rayo, comentó que el mercado de Guatemala “está coartado por una empresa”, lo cual aparta a las otras compañías. “Zeta y sus empresas tienen el 72% del mercado, según el último dato o cálculo que se hizo en 2011. Entonces abusan de esa posición y disuaden a otras a competir en el país”, señaló Rayo.

Agregó que los incrementos que se reflejan en el país son resultado de esa competencia desleal y no del precio del gas licuado de petróleo.

Asimismo, indicó que la Ley General de Hidrocarburos, que es la que rige este tema, solo menciona que los mercados deben evitar prácticas anticompetitivas, pero no tiene los instrumentos para prevenir y sancionar estas actividades.

Rayo comentó que “la solución para el tema es efectivamente una Ley de Competencia, y en los anteproyectos que se están trabajando sí se tienen los mecanismos de sanción cuando hay un abuso de poder, como se está cometiendo en este momento”.

Manifestó que la Ley de Protección del Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) no tiene lo necesario para evitar los abusos de estas empresas, ya que no regula ni sanciona estas prácticas.

Altos costos

El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Sigfrido Lee, coincide con Rayo, en que el mercado de Guatemala se encuentra limitado y añade que los altos costos para comercializar, son los motivos principales para alejar a los inversionistas.

Respecto a las denuncias contra las empresas envasadoras, comentó: “De nada sirve estar denunciando una empresa hoy en día, si de todos modos no se cambian las condiciones para que en un futuro estas prácticas no se sigan repitiendo. Es importante que se promueva la inversión para que nuevas empresas puedan venir y generar una alternativa”.

Por aparte, el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, explicó que en lo que se debe trabajar es en aumentar la oferta y traer inversión al país, ya que no hay suficientes empresas que distribuyan gas propano aquí.

“Yo sé que el gas propano es más caro en San Pedro Carchá, y eso es por la falta de infraestructura vial que tiene el país. Entonces, si uno quiere reducir el precio de determinado producto, hay que facilitar vías de acceso para que llegue más rápido. No hay que caer en que es un tema de fijación de precios, cuando al final es un tema de producto, costos de traslados y distribución, oferta y demanda”, indicó Zapata.

En contraste, el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Édgar Balsells, señaló que los precios tope deben darse, pero de forma temporal y de común acuerdo con las empresas. “El Ministerio de Economía y la Diaco deben establecerlos precios,  con las empresas, con base en los costos”.

No obstante, Zapata, Lee y Balsells coinciden en que los precios tope no funcionan, ya que solo generan desabastecimiento, como sucede en  Venezuela.

Segunda acción legal

Importadoras de gas

La Diaco presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Publico (MP) debido a diversas quejas de consumidores ante el incremento de Q15 en el cilindro de 25 libras de gas propano.

La directora de la Diaco, Silvia Escobar, explicó que “la denuncia va dirigida contra tres empresas que están distribuyendo en Guatemala, y como ente verificador, tenemos la obligación de denunciar cuando alguien estuviera cometiendo el presunto delito de especulación, como establece el Código Penal, artículo 342, para que se deduzcan las responsabilidades correspondientes”.

Las empresas denunciadas son Tropigas de Guatemala S.A., Gas Zeta S.A., Dagás S.A.

Asimismo, indicó que esta es la segunda denuncia en seis meses contra las envasadoras.

“Necesitamos que el sector justicia apoye las diligencias que estamos haciendo como Ejecutivo para lograr justicia económica en los bolsillos de los guatemaltecos”, afirmó Escobar.

La titular de la Diaco hizo un llamado a los consumidores para exigir su factura, a fin de que se tenga constancia de la compra, ante cualquier disgusto con el producto comprado.

Q15 subió el cilindro de gas propano de 25 libras

3 fueron las  envasadoras de propano denunciadas