La integración del istmo centroamericano ha avanzado, dependiendo del sector, con mayor o menor profundidad. En materia comercial y financiera, los avances han sido significativos, teniendo la región grandes intercambios e inversiones.
A partir de la decisión de El Salvador de declarar el Bitcoin como moneda de curso legal en ese país, el interés por criptomonedas ha crecido en los demás países de la región. Honduras expone que en la isla de Roatán pueden realizarse pagos con bitcoin; Panamá estaría con el interés político de seguir los pasos de El Salvador, y en el resto de los países se exploran opciones sobre el uso de monedas virtuales. La institucionalidad nacional y regional está trabajando sobre temas vinculados a criptomonedas, incluso ofreciendo apoyo técnico a los países para avanzar en los procesos de toma de decisión.
Por eso, en este segundo foro virtual, realizado el 8 de julio de 2021, ASIES y ASI ESTRATEGIAS convocaron a instituciones nacionales y regionales para conocer su visión y su trabajo sobre criptomonedas en América Central.
De acuerdo con Odalis Marte, subsecretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, los bancos centrales de la región han analizado el bitcoin desde el mandato de estas instituciones de mantener la estabilidad de precios y financiera. En es sentido, han identificado algunas vulnerabilidades en las criptomonedas, como su volatilidad, la lentitud con que se realizan las transacciones, el alto consumo de energía que requiere su minado, problemas regulatorios que se pueden encontrar, entre otros.
“Hemos visto que un medio de pago que es inestable en su valor puede degradar su función como dinero, ante la ausencia de intervención para su estabilización. Asimismo, la falta de regulación puede representar problemas de protección del consumidor, en las políticas económicas, entre otros”, advirtió Marte.
En el caso de Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) también ha advertido que las criptomonedas no son respaldadas por el Estado de Guatemala, no son monedas de curso legal en el país, no se consideran divisas y no están garantizadas, recordó Erick Vargas, superintendente de Bancos.
“Derivado de la especulación, las personas que adquieran este tipo de monedas virtuales se exponen a altas volatilidades en el precio y no se encuentran amparados por ningún tipo de protección, ya que su regulación y supervisión se encuentran fuera del ordenamiento jurídico nacional”, refirió Vargas.
Sin embargo, al presentar una perspectiva ciudadana sobre el tema, José Miguel Pérez, editor de iF Revista Libertaria, aseguró que bitcoin representa una oportunidad para Latinoamérica de ganarle a la inflación y salir de la pobreza. “No debemos de ver a bitcoin simplemente como una moneda, sino como una propiedad, un activo que puede convertirse en un ahorro a largo plazo”, explicó.
Pérez refirió que en EE. UU. se considera a bitcoin, desde el punto de vista tributario, más parecido a tener una propiedad que a tener efectivo en la bolsa. Por esto, las grandes empresas están adquiriendo esta criptomoneda para colocarla en sus balances generales, pues es un activo que preserva su valor en el tiempo.
Finalmente, desde el punto de vista político, Pérez señaló: “el dinero es política pública y bitcoin le arrebata eso a los gobiernos; entonces, ¿qué estamos esperando para poseerlo y ser libres?”
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