“Las juntas receptoras de votos, con el balance de la representación partidista y la observación ciudadana, impiden que se manipule el conteo, que se cambian papeletas y hacen que se respete el voto. Esto fue un éxito”

El sistema político de Guatemala se ha modificado cíclicamente desde la independencia de España. La historia muestra los distintos períodos con claras diferencias: la época postcolonial, la fundación de la república, la Reforma Liberal, las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, la Revolución de 1944, la Contrarrevolución de 1954, los regímenes militares y el inicio de la llamada era democrática en 1985, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Es esta última etapa, la que vivimos, la que es fuertemente cuestionada y que necesita una renovación. Para entender qué pasó, cómo y cuándo empezó, es necesario comprender el contexto político que se vivía en los años 80, cuando el país estaba inmerso en el punto más alto del conflicto armado interno; se vivía una época de fraudes electorales y la Constitución vigente prohibía expresamente la ideología comunista.

“Entre 1983 y 1985, la clase política reprimida se une con la clase política emergente y toma el poder. Se elige la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), terminan las ideologías prohibidas por la Constitución y los militares quedan al margen”, expresa el exconstituyente Roberto Alejos, definiendo un primer punto de quiebre.

La ANC elabora una nueva Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la que funda el Tribunal Supremo Electoral y define un sistema político, que modifica el proceso complicado para la formación de partidos políticos y crea las normas que permiten la celebración de elecciones en las que se respete el voto popular.

“Las juntas receptoras de votos, con el balance de la representación partidista y la observación ciudadana, impiden que se manipule el conteo, que se cambian papeletas y hacen que se respete el voto. Esto fue un éxito”, reconoce Javier Brolo, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

PRUEBA Y ERROR
Si bien en el momento era necesario facilitar un proceso electoral transparente, con mayor participación política y que nuevas organizaciones políticas sanearan el ambiente, las facilidades brindadas también abrieron la puerta a la futura corrupción del sistema. Fue como trabajar al sistema de prueba y error, pero los errores no se corrigieron.

“El problema es que se tuvo un error en el diseño del sistema; lo encontraron los políticos y abusaron de él hasta llegar a lo que tenemos”, afirmó Brolo.

El error, en opinión del analista, fue pensar en que para ganar una elección era necesario tener una organización partidaria nacional. La Democracia Cristiana Guatemalteca invirtió en ello y ganó las elecciones en 1985, pero pronto entró en desventaja, porque para ganar los comicios no era necesario tener organización, sino lograr los votos. Y estos cómo se logran, con campañas millonarias.

“Regresar a la democracia fue producto de pactos de élites-actores, donde la ciudadanía no tuvo ningún rol. La transición fue incompleta, la izquierda seguía fuera del escenario, y con la firma de la Paz, esta puede retornar a la vida política, pero es también un acto resultado de negociación entre actores concretos”, expresó el columnista y profesor David Martínez-Amador.

IRRUMPE EL DINERO
“La UCN (Unión del Centro Nacional), con Jorge Carpio, fue el primer partido en mediatizar la campaña, y su mensaje era no a la ideología, pues utilizó de eslogan: ni a la izquierda ni a la derecha, sino al centro. Esta falta de definición ideológica fracasó en Europa y aquí abrió las puertas a que la oratoria pasara a segundo plano”, señala Alejos, recordando el proceso electoral de 1985, que culminó con el triunfo de Vinicio Cerezo, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG).

“Dejaron la puerta abierta para el financiamiento y a la discrecionalidad del uso de los medios de comunicación masiva. ¿Cuál fue el resultado? Los partidos ni siquiera eran sociedades anónimas, sino empresas con dueño personal o si mucho, con familias propietarias”, agrega Édgar Gutiérrez, analista del Instituto de Políticas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Las campañas millonarias que sobrepasan los techos establecidos, que no tienen control, que no se conoce a los financistas, son el resultado de esa puerta abierta en la LEPP. Si bien en el 85 los empresarios financiaban a los militares, y luego lo hicieron con los políticos, encontraron que era más fácil hacer sus partidos y ganar elecciones con promesas acompañadas de canciones, que pelear por medio de la ideología.

“Al imponerse el neoliberalismo como pensamiento dominante en el mundo, los partidos ideológicos fueron los más afectados porque fueron sustituidos por vehículos electorales”, consideró el expresidente Vinicio Cerezo, quien recalcó que en su momento, la comunidad internacional apoyó la consolidación democrática y creyeron que las élites locales se interesarían por lograrlo, lo que hicieron, pero a su favor.

SERRANAZO
El autogolpe que Jorge Serrano dio el 25 de mayo de 1993, también fue otro punto que influyó en la modificación del sistema político, ya que abrió las puertas a una reforma constitucional propuesta desde el Ejecutivo, la depuración del Congreso y la consolidación de los nuevos partidos centralizados, sin organización partidaria nacional.

“La Democracia Cristiana, el Partido de Avanzada Nacional y el Frente Republicano Guatemalteco fueron los últimos que ganaron elecciones con cierta base partidaria, pero luego vinieron a la baja. Ya se marcaba la tendencia a decidir centralizadamente; es más difícil y costoso llegar a los ciudadanos por medio de las organizaciones de base, que por una campaña mediática que busca votos y gana elecciones”, afirmó Brolo.

Las reformas constitucionales redujeron el período de la administración presidencial, pero dejaron los mismos para la gestión de las cortes, y con el tiempo resultó que los nuevos políticos dominantes del Organismo Legislativo, parlamentarios comprometidos con sus financistas en gran parte, llegaran a copar los procesos de elección de magistrados.

“Entramos al círculo perverso que ha permitido capturar al Organismo Judicial en favor de la impunidad. La elección de las cortes recae en un Congreso integrado con políticos irresponsables, con intereses particulares, propios o de sus financistas”, afirmó Brolo.

LA REFORMA
El clamor popular por un cambio al sistema político es amplio. Es necesario hacerlo, porque se pospuso con la propia tolerancia de la ciudadanía, porque, como lo apunta Martínez-Amador, permitió “institucionalizar todos los vicios personalistas propios de una democracia de muy baja calidad: caudillismo, cacicazgo, clientelismo y patrimonialismo en el Estado”.

Se necesita retomar postulados vigentes en 1985 con el fin de crear las condiciones para la estabilidad política y el desarrollo de un Estado fuerte, que idealmente y en opinión de Gutiérrez debe “descansar en partidos políticos vigorosos que expresen distintas corrientes de la sociedad, y un sector empresarial comprometido con esas líneas de desarrollo, que haga apuestas a mediano y largo plazo”.

Alcanzarlo en medio de este sistema pareciera imposible. Según Martínez-Amador, “el camino institucional, aunque imperfecto, puede funcionar, pero es mejor no someterlo a tanto estrés”, en referencia a querer hacerlo todo en un solo momento.