"Las políticas de aplicación universal son menos susceptibles de ser utilizadas electoralmente que aquellas que son focalizadas"

CIUDAD DE GUATEMALA- Desde las  transferencias condicionadas hasta mochilas azules con detalles anaranjados, los beneficios que se entregan en todo el país levantan sospechas  acerca de la manera en que se otorgarán y con qué criterios se seleccionará a los beneficiarios.

En administraciones anteriores, el uso clientelar de los recursos públicos ha terminado con alcaldes demandados y gobernadores destituidos.

En el 2011, el Consejo de Cohesión Social del gobierno anterior fuecriticado por haber erogado más de Q1 mil 95.7 millones durante el año electoral, y la oposición —el ahora gobernante Partido Patriota— señalaba a Sandra Torres de haber empleado los programas sociales para favorecer al oficialismo.

Este año, el Bono Seguro es el programa social con más asignación —Q670 millones—, el cual  está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), junto con la Bolsa Segura.

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La distribución de fertilizantes y de alimentos de la Operación Oportunidad, destinado a casi 300 mil familias afectadas por la sequíaprolongada del 2014, correrá por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

Los ministerios de Educación (Mineduc) y de Cultura y Deportes repartirán mochilas escolares, uniformes e implementos  deportivos.

Los cuatro ministerios manejarán Q1 mil 536.7 millones.

Para voto duro

La consultora política Jennifer Brol opinó: “Esto significa una clara y definida estrategia para convertir a los beneficiarios de los programas sociales en el voto duro del partido de gobierno. Ellos segmentan los diferentes programas a cambio de asistencia a los mítines”.

Agregó que gobiernos anteriores  incurrieron en esa práctica para originar relación de dependencia y fidelidad con  potenciales electores.

“¿Cómo se explica que las bolsas seguras se han dado en sectores marginales urbanos? Es obvio que responde a   una estrategia metropolitana, es decir, a un distrito electoral específico”, añadió Brol.

Sugirió que la entrega de los beneficios debe ser fiscalizada y auditada en forma permanente por las instituciones que velan por la rendición de cuentas y transparencia, pero solo si las entidades son independientes y no están politizadas.

DISCRECIONALIDAD

Según  Hugo Novales, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), lo que permite que los programas sociales se utilicen de manera  clientelar  es la arbitrariedad en la selección de los beneficiarios.

Hizo ver que el problema no es dedicar recursos del Estado para atender una necesidad específica, sino   el uso en época electoral.

“Cuando hay recursos escasos en un Estado y se tiene que priorizar el apoyo o la inversión de determinada política pública hacia un sector en particular, lo importante es que la selección de los beneficiarios esté bien establecida bajo criterios técnicos, y no políticos”, comentó Novales.

Añadió: “Cuando existe esa arbitrariedad, cuando un político puede decidir a quién sí y a quién no se beneficia con  base en  criterios que solo él conoce, es cuando se cae en  clientelismo”.

Recordó el caso de Masagua, Escuintla, donde se cerró el comedor seguro supuestamente porque la exalcaldesa Blanca Alfaro tuvo acercamientos con Libertad Democrática Renovada (Líder), pese que    el mandatario  Otto Pérez Molina había asistido en años anteriores a ese municipio para entregar proyectos y promover la imagen de Alfaro.

De acuerdo con Marco Antonio Barahona, consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), la naturaleza de esos programas es clientelar, porque buscan un impacto político electoral.

El analista recordó que en otros países de Centroamérica también se cae en la politización de los programas y que, como sucede ahora con los precandidatos presidenciales Manuel Baldizón y Sandra Torres, se “clientelizan” los servicios estatales en la política latinoamericana cuando se comienza a regalar de todo en las giras de candidatos.

“Es jugar con la buena fe de las personas, porque algunos necesitan ese tipo de apoyo. Si se lo ofrecen, lo reciben, pero se convierten en  objetos de manipulación política, y no como sujetos de decisión política,  que ellos puedan decidir libremente”, expresó Barahona.

HAY CONTROLES

Para hacer frente a las críticas, German González, jefe de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), manifestó que en los últimos tres años se ha previsto el diseño de evaluaciones técnicas de las familias beneficiadas por el Pacto Hambre Cero.

“A partir de ello se ha creado el Registro Único de Beneficiarios en el Gabinete Social, el cual nos ha permitido poner a disposición de todo el público  las bases de datos de los beneficiarios por nombre, apellido, ubicación geográfica, en qué comunidad y municipio viven”, explicó el funcionario.

Mencionó que en el caso del programa  Operación Oportunidad se han efectuado  más de 20 mil monitoreos al azar para verificar que las familias cumplan con el compromiso de la conservación del suelo.

Asimismo, Gabriel Mendoza, viceministro administrativo del Mides, expresó  que con los beneficiarios del Bono Seguro y Bolsa Segura se hizo un estudio socioeconómico para determinar quiénes realmente necesitaban ese tipo de atención.

“En caso de la  calamidad —sequía—, no podemos incluirlos a todos dentro del padrón de la bolsa, porque quedarían dentro del programa permanentemente, pero sí llevamos un récord de los usuarios”, indicó.

Mendoza informó  que para el presente  año no hay suficiente presupuesto para cubrir cuatro entregas del Bono Seguro, por lo que buscarán reducir el funcionamiento para conseguir  Q100 millones más.

De hecho, este mes termina la cuarta entrega del año pasado, mientras las autoridades esperan comenzar con la primera del 2015, en marzo.

En cuanto a las bolsas seguras, Mendoza indicó  que se reparten en asentamientos de la capital y municipios aledaños, y reconoció que, en caso de calamidades, se entregan  alimentos en cualquier otro departamento.

“Esto significa una clara estrategia para convertir a los beneficiarios en el voto duro”. Jennifer Brol,  consultora.

“Se ha creado el Registro Único de Beneficiarios, a disposición de todo el público”. German González, jefe de Sesán.

ANALISTA

• Divulgar criterios

Para Hugo Novales, de Asíes, la opción “más viable” para transparentar las decisiones de los funcionarios públicos es visibilizar los criterios con que se selecciona a los beneficiarios.

“Las políticas de aplicación universal son menos susceptibles de ser utilizadas electoralmente que aquellas que son focalizadas. Por ejemplo, el servicio público de educación no es susceptible de ser utilizado para el clientelismo, como el reparto de  bolsas de alimentos a un número limitado de beneficiarios”, dijo el experto de Asíes.

Agregó que de esa cuenta es la discrecionalidad la que genera el riesgo de politización.

EXPERTO

• Políticos maduros

“La forma  de evitar el clientelimo sería tener gobiernos maduros y responsables, que tengan la concepción de que están al servicio del país y no al servicio de un proyecto partidario”, indicó Marco Antonio Barahona, del Incep.

“Eso requiere altura moral, visión estadista y un sentido de largo plazo; no pensar en que voy a beneficiar a mi alcalde, mi diputado, gobernador o a mí mismo”, apuntó.

Barahona expresó que si el país tuviera buenos políticos, “desaparecerían las mochilas azules con anaranjado, verdes o rojas”, y en su lugar hubiesen de colores neutros, “como blancas o negras”, en alusión a las mochilas del Mineduc.

CONSULTORA

• Ley que documente

La consultora política Jennifer Brol comentó, como antecedentes, que políticos como el expresidente Álvaro Colom incurrieron en  excesos para demostrar su poder, como  la distribución de   pasteles con su foto y de su entonces esposa, Sandra Torres.

Brol también recordó los implementos deportivos, cuya compra fue señalada  de sobrevaloración, durante la gestión de Carlos Batzín en el  Ministerio de Cultura y Deportes.

“Deben existir leyes que acompañen este proceso, como la ley de archivos, para documentar toda la información y que no desaparezca. Sin embargo, se necesita de una institución integrada  por todos los sectores y no esperar que un gobierno se fiscalice por sí mismo”, afirmó.

Clientelismo

– Polémico caso del pasado

Los programas sociales recibieron críticas en el gobierno anterior, después de que el presidente Álvaro Colom dijo que el partido oficialista podría aprovecharlos  para continuar en el gobierno otro período.