El sistema de justicia guatemalteco posee una estructura de doble instancia: la primera instancia es el procedimiento judicial completo que va desde el inicio hasta que se dicta sentencia. La segunda incluye el procedimiento que permite que un órgano judicial superior conozca del asunto que ya ha sido resuelto en la primera instancia, pudiendo confirmar, modificar o revocar la resolución emitida.

Estas funciones hacen que la Corte de Apelaciones adquiera una relevancia especial. Sin embargo, en la actualidad no existen criterios objetivos para integrarla, lo que permite discrecionalidad.

Teniendo en cuenta esta problemática, ASIES organizó el conversatorio “Las Salas de Apelación y su integración ¿cómo evitar la corrupción?”, en el que se planteó la posibilidad de utilizar un método matemático para seleccionar a los magistrados más idóneos para cada sala.

Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ASIES explicó que existen 45 Salas de Apelación, compuestas por tres magistrados cada una. Estas se encargan de verificar que se hayan cumplido las garantías constitucionales y los derechos establecidos en la Constitución, los tratados internacionales, la legislación y la jurisprudencia; garantizan que se pueda acudir a un órgano diferente en donde se revisen la redacción, los derechos y el proceso como tal, y, además, tienen la facultad de modificar, confirmar o revocar lo que ha determinado un juez inferior, según sea el caso.

La integración de esas salas la define el Consejo de la Carrera Judicial, sin criterios objetivos para ello. Por esto, ASIES propone utilizar el Método Húngaro para conformarlas según la preparación, experiencia y conocimientos de los magistrados, ayudando así a evitar la corrupción.

Este método “trata de reducir el número de decisiones subjetivas, prioriza la capacidad e idoneidad de los aspirantes y concuerda con los principios de la carrera judicial”, expuso Juan Pablo Pira, encargado del Centro de Estudios de Opinión Pública de ASIES.

El método funciona de la siguiente manera: se obtienen los datos de los aspirantes, se examinan las características de los aspirantes y las plazas, se emplea una matemática simple para calcular los menores costos y, finalmente, se comunica el resultado.

“Hasta el día de hoy no ha existido ningún criterio y vemos doctores en derecho penal resolviendo en lo laboral, o especialistas en distintas ramas en otras que no les corresponde. Lo que se plantea ahora es que exista un criterio que pueda ser previamente definido y que permita de la forma más mecánica posible hacer la distribución”, señaló Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ASIES.

La objetividad en la distribución en las salas de apelaciones mediante un sistema mecánico con un mínimo de decisiones subjetivas puede conducir a una mejora considerable en el funcionamiento de las resoluciones del sistema judicial, con vista a combatir la corrupción y la impunidad tan imperante en el país.

ASIES

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