Los exagerados sueldos del magisterio

El himno del maestro, que cantamos cada 25 de junio en nuestros años escolares, con letra de la ilu stre poetisa Luz Valle y música de don Adrián Orantes, nuestro profesor de música en el Liceo Guatemala, refleja los sentimientos que inspira la labor magisterial: “Ser maestro es llevar en las manos/ una antorcha de luz encendida/ y llamar a los hombres hermanos, y llenar de grandezas la vida”. Algo parecido expresa la célebre frase de José Martí “Y me hice maestro, que es hacerme creador”.

Con esas expresiones se reconoce el papel fundamental del maestro en el proceso educativo. Por esa razón, en la mayoría de países goza de un elevado nivel de respeto. En Japón los maestros son los únicos que no están obligados a inclinarse ante el emperador.

Allá por 1990, al comentar sobre la huelga magisterial con el padre Fernando Gutiérrez Duque, fundador de Fe y Alegría, me dijo que el principal problema con el magisterio era la desmotivación. Desmotivación provocada por el deterioro de sus ingresos y de la desvalorización de lo público y del personal a su servicio. La imagen que se transmitió de los empleados públicos, maestros incluidos, fue la de haraganes e incompetentes.

En 1982 el salario inicial de un maestro de primaria era de Q240, en tanto el salario mínimo para el comercio al por mayor, en 1980, era de Q104.40. Devengaba el 230% del salario mínimo y era parte de la clase media. Vino la década perdida de los 80 y se estancaron las remuneraciones en el sector público, perdiendo poder adquisitivo.

En los años siguientes no se cumplió con el mandato contenido en la Ley de Servicio Civil, sobre su revisión cuatrienal. Uno de los pretextos era, y sigue siendo, la debilidad de los ingresos fiscales. Pero se recurrió extensamente a los contratos 029, que distorsionan groseramente las remuneraciones públicas, aduciendo que es la única forma de obtener personal calificado y sin las trabas de la estabilidad garantizada al personal permanente.

Antes del pacto colectivo suscrito hace tres años, el salario inicial de la Clase A era de Q2,714.95, lo que representaba solamente un 19% sobre el salario mínimo vigente en 2012. Con los incrementos acordados en el pacto, el salario de la Clase A asciende en 2015 a Q3,646, lo que significa un 39% más que el salario mínimo vigente en este año (Q2,611.60).

De manera que los pactos colectivos, al menos en los ministerios de Educación y Salud, compensan la falta de una política salarial del sector público. De los abusos contenidos en varios de ellos, los responsables son los funcionarios que los negocian, quienes casi siempre se benefician de lo que conceden.

Son satanizados por algunos que los analizan de manera superficial, y otros que, malintencionadamente, aprovechan para despotricar contra el sindicalismo y la negociación colectiva.

El principal dirigente magisterial con su alineamiento al gobierno de turno y tendencia a la confrontación, genera antipatía, pero ello no impide reconocer que los aumentos salariales concedidos son justos y de ninguna manera exagerados.

Si el pacto colectivo no incluye compromisos sobre los días de docencia, actualización de conocimientos, evaluación de desempeño y otros aspectos que mejoren la calidad de la enseñanza, no es culpa del gremio magisterial.

Es problema de los responsables institucionales. La negociación colectiva debe generar resultados para las dos partes, pero ello requiere que ambas tengan fortaleza, con capacidad para alcanzar sus objetivos. En caso contrario, el fuerte se impone sobre el débil.