Respaldados por más de 2 mil 500 firmas que recabaron este fin de semana, los integrantes de las agrupaciones demandaron al Registro de Ciudadanos del TSE que impida la inscripción de candidatos “que tengan algún vínculo con actividades ilícitas y con la corrupción”, resumió Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. Esto, con la intención de que exista “una depuración de la clase política”.
La solicitud se basa en el Artículo 113 de la Constitución, que indica que para otorgar empleos públicos “no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
Además, según Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), se busca también que “los propios partidos políticos reciban el mensaje de ciertas candidaturas impresentables”.
La activista Helen Mack indicó que algunos de los candidatos contra los que va dirigida la petición son el presidente del Congreso, Luis Rabbé, los diputados Baudilio Hichos, Delia Back y Carlos Martínez Loaiza, así como el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.
“Es el mismo proceso que peleamos en las Comisiones de Postulación. Sabemos que hay muchos diputados que han tenido señalamientos, pero han quedado en la impunidad. En cuanto al derecho a elegir y ser electos, no se debe mezclar la parte jurídica con la parte moral”, concluyó Mack.
El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, argumentó que la petición fue planteada al pleno de magistrados, que deberá conocerla y dar respuesta. “En las inscripciones nosotros revisamos todo, incluido los criterios de capacidad, idoneidad y honradez.
Aún así, si alguien tiene los antecedentes limpios y no tiene procesos abiertos en su contra, no sé de dónde más se podrían probar estos aspectos. Habrá que ver caso por caso”, indicó Guerra.
Reclaman sanción
Las organizaciones también solicitaron al Tribunal que dé cumplimiento al Artículo 21, inciso g de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Este señala que “el incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas, conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva”.
Se consultó al magistrado Mario Aguilar acerca de la postura del TSE respecto a las peticiones, pero no quiso dar declaraciones “porque estaría adelantando criterio”. 

Urge iniciativa
> “Estamos a la espera de que (los magistrados) afinen el uso de su iniciativa de ley” sobre las peticiones de reforma a la Ley Electoral, reclamó Raquel Zelaya, de Asies. El pleno se comprometió a presentar la acción en el Congreso en estos días.