Ocho funcionarios enfrentan acciones legales por supuestos malos manejos del erario, por lo que no han recibido finiquito.

Para tratar de sortear esa situación han recurrido a amparos en el Poder Judicial, para obligar a la Contraloría General de Cuentas (CGC) a que les extienda ese documento.

La constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o finiquito, que emite la Contraloría es fundamental para ser inscrito como candidato a algún cargo de elección popular para los comicios del 6 de septiembre.

La diputada por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) Julia Maldonado; los alcaldes de San Andrés Sajcabajá, Quiché, Cipriano Tix Lucas; San Benito, Petén, Sonia Lili Rivera; Fraijanes, Marco Tulio Meda; Chinautla, Arnoldo Medrano; y Quetzaltenango, Jorge Barrientos Pellecer, no poseen ese documento.

A ellos se agregan el exalcalde de Villa Nueva Salvador Gándara y el exdirector del Fondo Nacional para la Paz Armando Paniagua.

A pesar de que no llenan los requisitos establecidos por la Carta Magna, esos políticos fueron amparados para obtener finiquito.

La CGC informó que los amparos otorgados a estos políticos han sido apelados en la Corte de Constitucionalidad para que decida su futuro.

Constancias

Carlos Mencos, contralor general, informó que se han emitido 24 mil 415 constancias o finiquitos. Sin embargo, indicó, solo 12 mil han sido recogidos por los interesados, y el resto está pendiente de entrega.

Los fiscales de los partidos políticos han señalado la tardanza en la entrega del finiquito, por lo que instaron a Mencos a que se agilice el trámite.

Sistema agotado

Al hacer un análisis de esta situación irregular, el politólogo Edmundo Urrutia señaló que las reglas del juego político están agotadas.

Indicó que “ya se comprobó que no se producen buenos gobiernos, debido a la debilidad del TSE, y que los partidos políticos son propiedad de individuos”.

Señaló que “hay políticos que encarnan ese agotamiento; son los políticos que han prevalecido por esas mismas reglas imperfectas para regular la política en Guatemala. Se requiere una reconstrucción del sistema, pero a la vez una renovación de la clase política, y estos personajes son emblemáticos de ese agotamiento de hacer política que los guatemaltecos ya no quieren”.

Según el politólogo, frente a esta crisis que afronta el país y lo que debería pasar es una renovación de la clase política como la que se dio en 1944, “cuando hubo una sustitución de una clase por una nueva”.

Indicó que datos esa época señalan que el Congreso estaba integrado por personas que rondaban los 30 años.

“En esa época hubo una nueva generación de políticos, con otros valores, con otra forma de entender el trabajo político, con una nueva ética”, expuso.

De acuerdo con Urrutia, “en estos años la política ya no se ve como un servicio público, sino como un negocio o una forma de acumular riqueza, y de alguna manera se perdió el sentido profundo del quehacer político”.

Sonia Lili Rivera

La alcaldesa de San Benito, Petén, tiene dos denuncias. Se le negó el finiquito y se extendió el documento razonado por un amparo provisional. La Contraloría no informó qué denuncia existe en su contra.

Julia Maldonado

La diputada por Líder tiene un proceso penal en su contra por peculado, debido a que supuestamente utilizó para su beneficio Q3.4 millones cuando era directora del Consejo Nacional de la Juventud.

Marco Tulio Meda

El Juzgado de Cuentas condenó al alcalde de Fraijanes a pagar Q9.7 millones, por haber delegado el cobro del IUSI a la empresa Dinámica Constructiva, S. A., ligada al edil de Chinautla, Arnoldo Medrano.

Arnoldo Medrano

El alcalde de Chinautla tiene alrededor de 14 antejuicios en su contra, muchos por haber adjudicado a sus familiares la construcción de obra gris, además de haber delegado el cobro del IUSI.

Salvador Gándara

Tiene pendiente dilucidar algunos señalamientos, como la remodelación de la Cárcel de Máxima Seguridad Fraijanes 2. El caso sobre el desvío de Q1.7 millones de la comuna de Villa Nueva estaría cerrado.

Jorge Barrientos

El alcalde de Quetzaltenango tiene varios procesos en su contra, como la malversación de Q4 millones de un préstamo. La acusación la hizo la Contraloría General, por haber cambiado el destino de los fondos.

Cipriano Tix Lucas

Se le revocó el finiquito porque le aparece una denuncia por haber presentado una declaración jurada con datos falsos para inscribirse, en el 2011. Tiene varios hallazgos en el informe de auditoría del 2014.

Armando Paniagua

A pesar de que su gestión fue señalada por actos de corrupción en el Fondo Nacional para la Paz, que llevaron a su cierre, no existen denuncias ni señalamientos contra él y ya tiene finiquito.