Programa anticorrupción (I)

Dice su abogado que Pérez Molina quiere escribir sus memorias. Al menos que las titule “Confesiones”, nadie les dará el menor crédito. Pero aun cuando confesara todos sus desmanes, no vaya a pensar que será perdonado. De la pena no debe librarse, por el efecto didáctico de esta. Puede entonces tomarse el tiempo para reflexionar sobre el asunto, pues así como van las cosas, cumplirá los 80 en prisión. Y sin refri, microondas o televisor de plasma, pues castigo es castigo.

Mientras tanto, en los poco más de 100 días que restan al gobierno de Alejandro Maldonado, y habida cuenta que la principal preocupación de los guatemaltecos es la corrupción, puede dejar un legado trascendental, si dedica la mayor parte de sus esfuerzos a un programa contra la corrupción y a favor de la racionalidad del gasto público, que deje sentadas las bases para que los gobiernos venideros, comenzando por el próximo, y gracias a la presión ciudadana que no debe cesar, se conduzcan con probidad, austeridad y transparencia.

Tanto el presidente Maldonado como el vicepresidente Fuentes Soria declararon que donarán parte de su sueldo –el segundo más elevado del continente americano en el caso del presidente– a obras benéficas. Pues no quedemos supeditados a la buena voluntad del gobernante de turno. Que el sueldo sea rebajado por ley, con vigencia a partir del 15 de enero de 2016. Segundo, que el gobernante resida en la Casa Presidencial, para evitar gastos innecesarios en su seguridad, aparte de las molestias que causa a los ciudadanos la estruendosa caravana presidencial.

Que los gastos presidenciales que cubre el Estado sean también determinados por ley. Ahora que a Pérez Molina le descubrieron varios millones en cuentas bancarias, su abogado dijo que provenían de lo ahorrado de su sueldo. Resulta que, aparte de tener uno de los salarios más elevados del mundo, los guatemaltecos le pagamos hasta la ropa de los hijos y el concentrado del chucho.

Otra medida urgente es una orden terminante, so pena de denuncia ante el Ministerio Público por el delito de retención de información, para poner en los sitios web de todas las dependencias del Organismo Ejecutivo la información pública de oficio señalada en la Ley de Acceso a la Información y cualquier otra relacionada con las funciones sustantivas y los planes operativos de las instituciones. Hemos conocido varios casos que rayan en lo ridículo, por la negativa o injustificado retraso para proporcionar información que, según dicha ley, es de acceso incondicional.

Las unidades de información pública, en lugar de facilitarla, se convierten en obstáculo insalvable. Una propuesta de reforma a la ley permitirá generalizarla a toda administración pública, contemplando la supresión de las unidades de acceso a la información. Cada dirección, departamento o sección debe estar obligado a proporcionar la información que solicite cualquier ciudadano, sin requerir la autorización del nivel superior, ni preguntar para qué la necesita.

Es también indispensable la supresión de varias secretarías de la presidencia, que solo complican y encarecen el costo del Ejecutivo, duplicando funciones o son ejecutoras, en contravención del artículo 182 de la Constitución. Esto, aunque pongan el grito en el cielo los grupos de interés que han presionado por ellas, partiendo del supuesto equivocado de que, para atender un tema específico, es preciso crear la entidad pública correspondiente. Y mejor si es una secretaría presidencial, pues eso garantiza que será atendida al más alto nivel (continuará).