Pronunciamiento del G40 para el fortalecimiento de la SAT

El G40, grupo independiente de economistas y analistas fiscales, ante la iniciativa de ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la SAT, identificada con el número correlativo 5056, elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas, y algunos diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, y asesores de la misma, manifiesta:

1. Su apoyo a una reforma de la Ley Orgánica de la SAT dirigida a su fortalecimiento institucional para cumplir en forma transparente y proba con sus funciones de recaudación, aumento de los ingresos tributarios, ampliación de la base tributaria y combate a la defraudación aduanera y la evasión tributaria.
2. La necesidad de contar con una instancia independiente a intereses gremiales y al Directorio de la SAT, que conozca de los recursos y apelaciones presentados por los contribuyentes.
3. Su opinión a favor de facilitar el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, por parte de la autoridad tributaria.

No obstante lo anterior, expresa: 

1. Su rechazo a la eventual vinculación de la aprobación de la iniciativa 5056, a la aprobación de la readecuación presupuestaria presentada por el MINFIN.
2. Su preocupación porque lejos de un modelo de anticorrupción y transparencia, la propuesta se orienta al control del Ejecutivo sobre las decisiones tributarias y aduaneras de un ente descentralizado, al mismo tiempo que concentra el poder en la figura del Superintendente.
3. Su objeción a la politización y al control de la institución por el gobierno de turno, expresado, por ejemplo, por las reformas propuestas siguientes:
   • Un Directorio conformado por ministros de Estado con funciones políticas, nombrados por el Presidente de la República.
   • Dichos funcionarios nombrarían al Superintendente y a los miembros de la nueva instancia de resolución de recursos propuesta.
   • Si el Superintendente es separado del cargo por someterse a investigación, quien lo sustituye sería el Intendente que él designe.
4. Su preocupación porque la iniciativa de ley contiene normas que afectan la eficacia y efectividad de la SAT y atentan en contra de su autonomía e independencia, por ejemplo:
   • Se elimina la naturaleza descentralizada de la SAT.
   • La instancia propuesta para el conocimiento de los recursos, está jerárquicamente supeditada al poder político del Directorio.
5. Su inquietud por el poder y discrecionalidad que se otorga al Superintendente, expresado en:
   • Ya no será el Directorio que emita opinión sobre iniciativas de legislación tributaria y aduanera, exenciones y exoneraciones o asesore al ejecutivo en materia tributaria, sino el Superintendente en exclusiva.
   • Será el Superintendente quien apruebe la ejecución presupuestaria de la institución y la contratación de la auditoría externa y quien emita el reglamento de viáticos de la misma.

Por lo que solicitamos que: 

1. El proceso de formación de ley se apegue a lo preceptuado a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, atendiendo los dictámenes y opiniones de las entidades públicas involucradas; y que la iniciativa de ley número 5056 no se apruebe de urgencia nacional por parte del pleno del Congreso.
2. Las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda y Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria emitan el dictamen que corresponda de manera técnica, independiente y objetiva.
3. El Directorio de la SAT sea nombrado mediante un mecanismo transparente y esté conformado por personas que acrediten experiencia en función pública proba y académica, ajenos a intereses gremiales y políticos.
4. La instancia administrativa que resuelva los recursos y apelaciones de los contribuyentes sea nombrada y opere en forma independiente.
5. El acceso de las autoridades tributarias a la información bancaria de los contribuyentes debe ser en estricto apego a la ley y al debido proceso, resguardando su confidencialidad, y sancionando drásticamente a quienes violenten lo anterior.

Guatemala, abril de 2016.

Nota: No participan en este comunicado, los integrantes del grupo que por función pública, nacional o internacional, o de asesoría, están vinculados a esta iniciativa de ley.