Sin duda, la violencia e inseguridad han contribuido que cada vez se demande más los servicios de seguridad privada. Se ha presentado como “la solución” ante la incapacidad del Estado para garantizar la vida, la justicia, la seguridad y la paz de los ciudadanos en el país. Aunque desde la década de los 70 existen las empresas privadas que prestan servicios de seguridad, durante los últimos años el número se ha incrementado significativamente. Este crecimiento se ha dado de una manera muy desordenada y sin control, generando muchos problemas.

Asíes en su propuesta “El Estado y la seguridad privada”, contenida en el conjunto de propuestas de Guatemala Camina, pasos firmes para cambiar –que enumera acciones en 12 áreas para contribuir a la transformación del país–, presenta una agenda de trabajo que deberá considerar el próximo gobierno. En medio de este deslucido debate electoral, es importante que como ciudadanos nos demos cuenta de los problemas que tienen las empresas de seguridad privada y las acciones para solucionarlos.
La propuesta resalta que en 2014 el número de empresas de seguridad privada dentro de la formalidad era de 153, y de estas, 24 contaron con licencia de operación, prestando sus servicios legalmente; y las 129 restantes, a pesar de que habían iniciado con los trámites, estaban operando sin cumplir con los requisitos legales. Las empresas tenían inscritos a 49,424 agentes de seguridad privada, sin embargo el subregistro se estimó entre 140 mil y 150 mil. Los números se ponen más dramáticos con las credenciales de portación de armas y las armas que fueron registradas por las empresas, que muestran también altos subregistros.
Además de los subregistros, se han denunciado hechos como: contratación de agentes menores de edad o sin identificación; falta de pago de prestaciones laborales y despidos injustificados; maltrato al personal; portación y tenencia de armas con licencia vencida; prestación de servicios ilegales; maltrato a vecinos; prepotencia y abuso de autoridad; amenazas y cobros extra por parte de guardias; intimidación a personas y robo a casas.
¿Sabe usted en qué condiciones trabajan las empresas de seguridad en el país? ¿Sabe si los guardias privados –que seguramente tiene en su colonia– están registrados? ¿Sabe si la empresa cumple con los requisitos exigidos en la ley? Es decir ¿en qué manos tiene la seguridad de sus seres queridos?
Sin duda, el Estado debe retomar el control y la fiscalización de los servicios de seguridad privada, para asegurar que el servicio se preste legalmente y con calidad. Por ello es importante, como se menciona en la propuesta “el Estado y la seguridad privada”que el próximo gobierno retome el control y aplique la Ley que regula los servicios de seguridad privada, para que reducir el riesgo de servicios ilegales y de baja calidad. Los invito a conocer más de esta interesante propuesta en www.asies.org.gt #asisecambia @josecsa2