POR WALESKA HERNÁNDEZ
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Analistas en materia de seguridad y justicia advirtieron sobre el mal uso del antejuicio como una herramienta para ejercer presión y violentar la independencia de jueces y magistrados.

La semana pasada, el Ministerio Público (MP) trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una denuncia penal contra el juez Marco Antonio Villeda, titular de Extinción de Dominio.

La denuncia fue interpuesta días atrás por el abogado Mario Cano, defensa de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, cuyas propiedades permanecen embargadas por orden del juzgador.

Así mismo, el viernes último, el juez del caso Bancafé, Mauricio Moto, se excusó de seguir conociendo el proceso penal, en vista de las acciones penales en su contra por parte del sindicado Francis Fisher. El togado justificó su decisión explicando que prefería separarse del caso por “salud procesal”.

UN ARMA DE DOS FILOS

Lorena Escobar, analista de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), comentó que cada caso debe ser analizado por separado. Si el antejuicio está justificado, es una herramienta importante para evitar el abuso de autoridad por parte de los jueces.

Por otro lado, también se puede utilizar como estrategia para amedrentar o distraer a los jueces, ya que en lugar de impartir justicia, deben empezar a defenderse de las acusaciones espurias en su contra. “Aquí la ética de los abogados tiene mucho que ver”, explicó la analista.

Por su parte, Lisandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), refiere que un estudio de dicha institución acerca del uso del antejuicio reveló que, al igual que los amparos, están siendo usados como herramientas represivas hacia los juzgadores.

Acuña señaló que los antejuicios injustificados no se utilizan solo contra funcionarios judiciales, sino también para perjudicar la imagen de políticos y candidatos aspirantes a cargos públicos, tal como se evidenció en las pasadas elecciones, cuando algunos candidatos fueron señalados por asuntos personales y que no tenían base legal.

“Los abogados que interponen antejuicios espurios no tienen ninguna consecuencia de hacerlo, aunque no tenga fundamento legal. Es una de las muchas cosas que se deben cambiar”, dijo el entrevistado.

Para el analista, existen muchas falencias en la legislatura actual, por lo que el Ipnusac está trabajando en una propuesta de ampliación a la Ley en Materia de Antejuicios, para normar esos vacíos legales que son aprovechados y mal empleados por algunos juristas. Aunque para lograrlo es necesario realizarle cambios a la Constitución de la República.