“Si se hiciera una distribución equitativa, estaríamos hablando de que cada defensor atendió por lo menos 115 casos en todo el año, y es bien conocido que trabajan hasta en 8 simultáneamente”

Fortalecer la labor de la entidad, mejorar las condiciones laborales de unos mil 350 empleados, entre administrativos y defensores públicos, así como gestionar por el aumento a su presupuesto anual, son algunos de los retos a los cuales tendrá que enfrentarse el nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), al ser electo por el Congreso de la República, según distintos analistas.

Esta entidad, cuyo mandato es brindar la defensa legal gratuita en el ramo penal  a los sindicados de la comisión de un delito y a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sus familiares, cuenta con no menos de 730 abogados, distribuidos en las 36 Coordinaciones de Defensoría habilitadas en el territorio nacional, quienes solo el año pasado atendieron 84 mil 576 casos.

Exceso de trabajo

“Si se hiciera una distribución equitativa, estaríamos hablando de que cada defensor atendió por lo menos 115 casos en todo el año, y es bien conocido que trabajan hasta en 8 simultáneamente”, expresó Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), y añadió que es necesario aumentar la cantidad de profesionales, para optimizar el servicio que brinda la entidad.

Según los registros de la institución, durante el primer semestre de este año se brindó el servicio a 46 mil 994 personas, un 5 por ciento menos que en el mismo período de 2014, cuando se atendió a 49 mil 467, lo cual, según el informe emitido a principios de julio, se debió  a los problemas financieros que se afrontan para el pago de los honorarios de los defensores de oficio, quienes se contratan en apoyo a los abogados de planta, que no superan los 200.

Mayores recursos

Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, esto tendría relación con el nulo incremento en los fondos asignados al IDPP en el Presupuesto General de la Nación, los cuales han permanecido en Q126 millones durante los 3 años recientes, por lo que el nuevo titular tendrá que buscar los mecanismos para afianzarse de recursos.

“Además, el funcionario electo por los diputados tendrá que comprometerse con la transparencia en el gasto, pues esta es una de las entidades con menor fiscalización”, opinó la activista.

Los candidatos

El encargado de coordinar estas acciones podría ser escogido esta semana por el Congreso, de entre la terna remitida en mayo por la Comisión Postuladora, la cual propuso a Nydia Arévalo, coordinadora de la Unidad de Impugnaciones;  Remberto Ruiz, titular interino de la entidad, y Hugo Jáuregui,  exmagistrado suplente de las Salas de Apelaciones, para ocupar la vacante que dejó Blanca Stalling en noviembre del año pasado.

Los profesionales expusieron el jueves sus planes de trabajo ante la Instancia de Jefes de Bloque, y coincidieron en la importancia de eliminar la burocracia para acceder a los servicios de la institución, capacitar y profesionalizar a los trabajadores, así como en el acercamiento con entes internacionales para conseguir apoyo financiero.

De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, el director de la entidad debe ocupar el puesto durante 5 años, período que, según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, se inició el 5 de agosto de 2014, por lo que quien resulte electo tendrá que abandonarlo en esa misma fecha en 2019.

“Esto implica que mientras más se tarde el Legislativo para realizar el nombramiento, menos tiempo permanecerá el funcionario en el cargo”, expresó Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible.