Un nuevo ministerio

En 2009 el diputado Juan M. Giordano Estrada presentó la Iniciativa 4049, Ley Marco de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Nación, que nunca fue discutida. Recientemente, el diputado Juan M. Giordano Grajeda presentó una versión revisada, de Ley Marco de Ordenamiento Territorial (Iniciativa 4995).

En más de una ocasión he señalado en esta columna, y también lo dije hace más de 10 años a funcionarios de Segeplán, donde se gestaron las dos iniciativas, que para atender el tema del ordenamiento territorial hay que comenzar por ser ordenados y seguir –valga la redundancia– lo que ordena la Constitución. Esta, en su artículo 225 indica que compete al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural formular la política de ordenamiento territorial. Esta, a mi juicio, contendrá los lineamientos generales para que las municipalidades atiendan esa función, que les asigna el artículo 253 constitucional. Ya que se trata de una competencia municipal, y para evitar la dispersión normativa, las normas relativas a la materia han de estar contenidas en el Código Municipal, también previsto en el artículo 9 transitorio de la Constitución.

Desde 1988 el Código Municipal tiene algunas normas, insuficientes, sobre ordenamiento territorial –no van mucho más allá del Código de 1957, cuando en lugar de planes de ordenamiento se hablaba de planes reguladores, términos que al final son sinónimos, pero han provocado discusiones bizantinas– y en el nuevo código de 2002 solamente hubo un avance, al señalar que la regulación del uso del suelo abarcaría toda la jurisdicción municipal. Así que, por la índole del tema y porque involucra al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, lo que será necesario es una buena ley de vivienda y desarrollo urbano, que sustituya otras leyes que se quedaron rezagadas y siempre fueron insuficientes, como la Ley Preliminar de Urbanismo y la Ley de Parcelamientos Urbanos. Respecto a las urbanizaciones es fundamental ponerles un mínimo razonable de extensión, incluyendo a los condominios, que podría ser de 20 manzanas, así como garantizar espacio para el sistema vial y las áreas de equipamiento urbano de uso común, no restringido a los residentes, como sucede en la actualidad.

Pero lo más grave de la iniciativa es que propone un nuevo ministerio, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al que de una vez le asignan tres viceministerios y Q80 millones de aporte inicial. En adelante se le tendrá que asignar el 0.05% del presupuesto que, para 2015, habrían representado Q 353 millones. Me parece que es el momento menos oportuno, cuando se requiere racionalizar la administración pública, en particular el Organismo Ejecutivo, que padece de inflación institucional, con 14 ministerios, 15 secretarías de la Presidencia y multitud de comisiones, consejos, autoridades, etc., etc. Sorprende la falta de creatividad de muchos técnicos que solamente atinan a sugerir la creación de un ministerio, un instituto –autónomo y descentralizado– o un viceministerio para atender una función pública.

La iniciativa contiene una reforma a la Ley de Expropiación, aunque no la mencionan entre las normas que derogaría, que me parece peligrosa en cuanto a que establece un procedimiento expedito para las expropiaciones por razones de utilidad, que podrán aplicar las municipalidades. Es también totalmente inoportuno que, cuando tenemos muchos alcaldes que andan rodeados de guardaespaldas armados de fusiles automáticos, de uso exclusivamente militar, se les vaya a permitir realizar expropiaciones.