Hay que salvar el proceso

Sin embargo, pese a que pende de un hilo, que su credibilidad no ha tocado fondo porque el fondo se aleja, el gobernante persiste en tomar medidas inconvenientes y, por momentos, parece que no tiene la menor idea de la gravedad de la crisis y la magnitud del descontento ciudadano.

Es posible que esté pensando que ya pasó lo peor del vendaval y que, una vez tranquilizadas las aguas, puede volver a las andadas.

En cuanto a la ciudadanía, a menos que se logren avances en los procesos iniciados contra los responsables de los hechos de corrupción, así como en las reformas identificadas como urgentes e imprescindibles para evitar que las instituciones públicas sigan siendo objeto de la rapiña, especialmente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Contrataciones del Estado, creo que pronto cundirá un sentimiento de frustración y desencanto.

Dicen algunos que las manifestaciones de abril y mayo marcan un antes y un después en la vida de Guatemala y que ya nada será igual de hoy en adelante pero creo que esto va a suceder si se logran condenas ejemplarizantes e inmediatas en los temas que demanda la ciudadanía: justicia para los que convirtieron las finanzas públicas en un botín y la garantía de que las reformas legales impedirán que esto vuelva a suceder.

Claro está que todo esto tiene también una condición necesaria: una ciudadanía activa, en alerta permanente, intolerante ante la corrupción, que no perdone el mínimo abuso. Porque la corrupción se entronizó en la esfera pública porque los ciudadanos lo hemos permitido.

Pero, si no hay consecuencias. Si los corruptos no son castigados y no se les despoja de lo robado, muchos ciudadanos llegarán a la conclusión de que nuestro país ya no tiene remedio. Y volveremos a enconcharnos. Y Guatemala será nuevamente una presa fácil de los buitres de la política.

Por eso es indispensable que comencemos con una reforma integral, tan profunda como sea necesaria, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por ello, el Tribunal Supremo Electoral debe reclamar que el proceso se desarrolle dentro de su ámbito, no en una comisión presidida por un diputado.

El TSE tiene iniciativa de ley y es la autoridad suprema en la materia. Tiene, en consecuencia, la legitimidad formal, a la que se agrega la indudable autoridad moral que ha ido construyendo a lo largo de su gestión. Es la única garantía que podemos tener de que salga una reforma a la medida de las necesidades de la democracia y no de las ambiciones y la falta de escrúpulos de la mal llamada clase política.

No debemos quitar el dedo de la llaga. Y es necesario exigir que la propuesta que emane del TSE se convierta en una especie de fast track (vía rápida) utilizada en el Congreso de Estados Unidos para aprobar determinadas normas.

Los legisladores no tienen opción para modificarle una coma. Solamente pueden aprobarla e improbarla. Y entonces, allí tiene que estar la presión ciudadana. Que puedan entrar en vigencia para este proceso parece por demás complicado.

Pero esta es la oportunidad para poner en cintura a los políticos. En caso contrario, es posible que esta generación tenga que aguantar que el dinosaurio se mantenga allí.