Durante el foro virtual “Detrás del #QuédateEnCasa”, organizado por ASIES, se reflexionó sobre el momento en el que se aprobó la Ley de Orden Público vigente, hace más de 50 años, con el fin de reconocer su desfase con el contexto y la vida, tanto social como política, actual, y la necesidad de modernizar y actualizar su contenido.
El panel estuvo conformado por los abogados Lorena Escobar, María Isabel Carrascosa y Oswaldo Samayoa, quienes coincidieron en la necesidad de ponerle límites al poder.
Oswaldo Samayoa, abogado penalista y experto en constitucionalismo, remarcó la necesidad de que los estados de excepción, en Guatemala, tengan consistencia democrática, para lo cual se debe observar el respeto a los siguientes principios: de necesidad, proporcionalidad, temporalidad, territorialidad, el principio de revisión de medidas y el principio de transparencia.
Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ASIES, explicó que, como su nombre lo menciona, los estados de excepción pueden adoptarse sí y solo sí se ha acudido a otros mecanismos previos para proteger a los habitantes; sin embargo, el Estado guatemalteco, hoy, no cuenta con esas herramientas, en parte, por la desactualización de la ley. Por estas razones, se requiere mejorar los controles democráticos, dando un espacio a la CGC para que intervenga y fiscalice durante las catástrofes y no posterior a ellas; se debe incluir a la ciudadanía y permitírsele solicitar el cese de los estados de excepción cuando estos se prolonguen de forma arbitraria y se debe establecer medidas reparadoras para los habitantes que puedan resultar perjudicados por estos estados de excepción.
María Isabel Carrascosa, abogada comparativista, presentó un análisis comparado de la situación latinoamericana y de la adopción o no de estados de excepción justificados en la pandemia por COVID-19. La profesional del derecho hizo ver que el hecho de que haya varios tipo de estados de excepción en Guatemala abre la puerta más a posibilidades para implementarlos, alejándolos de la excepción. Explicó también que existen catálogos de derechos que sí se pueden suspender y otros que no, según el Pacto de San José, del cual Guatemala es signataria; sin embargo, algunas de las medidas adoptadas por el gobierno en el contexto de la pandemia son cuestionables.
En un contexto de reformas a la Ley de Orden Público, debe abrirse a consideración y discusión cuándo y cómo se debe utilizar los estados de excepción, así como cuál es el nuevo catálogo de derechos no sancionables por los que la ciudadanía debe luchar.
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